QUÉ ENTENDEMOS POR POLÍTICA PÚBLICA

Durante muchos años hemos escuchado hablar de la necesidad de que el Estado esté “presente”, es decir, que sea un actor protagónico en los asuntos atinentes a la vida social. Y esta demanda proviene de la consideración, por parte de la sociedad, de la importancia de que todo ciudadano obtengan bienes y servicios considerados indispensables para la vida, que sean respetados los derechos inalienables de todo individuo y que el Estado actúe, en cierto modo, como el garante de que esos derechos sean respetados y esos bienes provistos para cada individuo. Este parece ser un trabajo arduo para un Estado que tiene tareas tan disímiles como la economía, la salud pública, la defensa, la educación, etc. ¿Cómo es que el Estado, entonces, lleva adelante la tarea de atender estas demandas tan amplias? Lo hace a través de las políticas públicas. Según la Guía de planificación y seguimiento de gestión de políticas públicas, se entiende por política publica el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno en respuesta a los problemas que, en un momento determinado, los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Con la implementación de una política pública, el gobierno hace explícito su deseo de cambiar el estado de cosas, de revertir una cuestión considerada un problema. Asimismo, los problemas no son solo expresiones de condiciones objetivas sino que son el resultado de un proceso de construcción social que define y fija tales circunstancias en términos de problemas, es decir, en términos de brechas que es preciso revertir, en términos de necesidades que es preciso satisfacer. En este sentido, la política pública es una apuesta a la transformación de la realidad. Los instrumentos con los que cuenta el Estado para el desarrollo de las políticas públicas son limitados aunque de naturaleza variada. A saber, una política pública se desarrolla a través de: a) entrega de bienes y prestación de servicios; b) fijación de regulaciones; c) transferencias dinerarias; d) acciones orientadas a la construcción de consensos estratégicos. Cada elemento constituye una arena de disputa con reglas específicas, que convocan a actores diversos y requieren capacidades institucionales diferentes. La combinación de estos cuatro elementos constituye el perfil de la política pública. Las políticas pueden ser esencialmente regulatorias, o bien primordialmente prestacionales, algunas de bienes y servicios y otras de recursos monetarios, pero todas son una combinación específica de estos cuatro tipos de instrumentos . Ahora bien, para que cualquier política pública pueda llegar a dar satisfacción a cada sector al que está destinada, el Estado necesita información fehaciente, no solamente antes de elaborar la política, para llevar adelante un correcto diagnóstico, sino a posteriori, para lograr alcanzar a cada individuo de ese sector y no generar así, desigualdades o externalidades indeseables. Sin embargo, hemos sido testigos de cuántas cosas pueden fallar a la hora de elaborar registros confiables: desde la no tan distante intervención al INDEC (que tergiversaba datos críticos), hasta los censos nacionales, que dejan fuera cuestiones fundamentales para determinar poblaciones vulnerables (por caso, la discapacidad) nos brindan un panorama somero, pero cruel de la falta de rigurosidad por parte del Estado a la hora de convertir los problemas en políticas públicas. Si a esto sumamos el dinamismo propio de la sociedad, que hace que muchas veces las políticas queden desfasadas, obtenemos una idea global de la cuestión: poblaciones desatendidas, y hasta incluso, afectadas negativamente por políticas públicas. En definitiva, no se trata de demandar la “presencia estatal”, pues en definitiva, el Estado está presente en la vida social, a veces por obra, y otras por omisión. Quizás lo que debemos es pedir que se deje de lado el maniqueísmo que hace que el Estado “elija” en qué cuestiones le interesa intervenir y en qué cuestiones no. Hoy, nuestro país se haya atravesado por varios temas de políticas públicas que muestran la ausencia de registros fehacientes y de información confiable, pero sobre todo, de comprensión acerca de la complejidad de esas cuestiones. Los registros no son solo cifras, esconden realidades que no deben soslayarse. El Estado debe garantizar a cada miembro de la sociedad lo que ese individuo necesita para ser ciudadano pleno. No importa que los números apremien. Después de todo, el Estado somos los ciudadanos. Por: Lic. (Mg) Milena Barada