LA CORTE O EL CORTE

Desde que nuestro país inició su recorrido hacia la independencia, el camino ha sido errático. Desde aquel 25 de mayo de 1810 en que se produjo el primer impulso libertario hasta la concreción de un proyecto Constituyente, pasaron nada menos que 43 años. Y si a eso le sumamos el período que transcurrió entre 1853 y la institución definitiva de una República, se suman 10 años mas. En esos años reinaron el desorden, los desencuentros y las luchas intestinas. Es válido decir, entonces, que la institucionalidad argentina nació como mínimo, defectuosa. La falta de orden, o al menos de un orden respetado por todos, es una problemática que nuestro país acarrea desde el origen mismo de su existencia. Y esto es particularmente cierto en el caso del poder Judicial. Veamos. Con la Constitución de 1853, trece provincias constituyeron la Confederación Argentina, pero Buenos Aires se mantuvo al margen de la misma. En 1854 fueron elegidos el primer Congreso Nacional y el primer presidente. La Constitución vigente en ese momento establecía que la Corte Suprema debía tener nueve miembros y dos fiscales, pero sin embargo esa Corte no logró constituirse y en su lugar se estableció por decreto una Cámara de Justicia provisoria que actuaría como tribunal supremo. Tras años de conflictos y de “vidas separadas”, en 1859 Buenos Aires pactó con las demás provincias unirse a la federación y al año siguiente se reformó la Constitución. Entre las reformas se eliminó la cantidad fija de nueve miembros de la Corte Suprema y se le daba al Congreso la facultad de fijar el número. Pero pese a esto, continuó la guerra entre Buenos Aires y el resto de la Confederación, que terminaría con la batalla de Pavón, dando lugar a la crisis de la Confederación. A la llegada del vencedor Mitre a la presidencia, desconoció las instituciones nacionales establecidas por la Constitución de 1853, entre ellas los períodos legislativos anteriores, y refrendó la decisión de su predecesor, Derqui, de dejar sin efecto los nombramientos para la Corte Suprema. Nueva anomalía. El 13 de octubre de 1862 el Congreso sancionó la Ley N.º 27, organizando el Poder Judicial, estableciendo que la Corte Suprema debía estar integrada por cinco jueces. Cinco días después el Senado prestó acuerdo a los cinco jueces supremos nominados por el presidente. Sin embargo, el quinto de esos jueces designados era, nada mas y nada menos que Valentín Alsina (gobernador de la Provincia de Buenos Aires durante el período de su “autonomía” y padre de Adolfo Alsina, fundador del Partido Autonomista), quien se negaría a asumir. No sería hasta el 10 de junio de 1865 que se designaría al quinto miembro, que ocuparía la vacante dejada por Alsina. El 11 de octubre de 1863, finalmente la Corte Suprema comenzaría a funcional, diez años después de sancionada la Constitución. Ese mismo día dictó el primer reglamento interno y cuatro días después dictó su primera sentencia. Se inauguraba así, por fin, la plena división de poderes en nuestro país. Sin embargo, esto estaba lejos de asegurar el correcto balance de poderes dentro de la naciente República. El presidente de la Nación se atribuía la facultad de designar al presidente de la Corte. Esto aseguraba una “consonancia” entre la política y la Corte. Esto se mantendría hasta 1930, año del primer golpe de Estado, cuando el dictador José Félix Uriburu estableció que esa facultad sería en adelante ejercida por los miembros del tribunal. Esta “democratización” del cuerpo, curiosamente establecida por un gobierno dictatorial, no debe ocultar el hecho de que aún se estaba lejos de un funcionamiento ecuánime. En ese momento, se impuso que la presidencia fuera vitalicia, hasta la muerte o cese del presidente, práctica que se mantuvo hasta 1976, cuando la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional dispuso que el cargo de presidente del máximo tribunal tendría una duración de tres años, con reelección ilimitada. De todo lo relatado se desprenden una serie de conclusiones: en principio, la Corte Suprema fue el órgano del Estado que mas tarde comenzó a funcionar. En cierto sentido, podría decirse que su nacimiento estuvo plagado de dificultades, y que esas dificultades impidieron un funcionamiento adecuado. Lejos estuvo la Corte de ser el organismo independiente que se pretendía. Durante los primeros años de su existencia, estuvo influenciada por quien fuera “padre espiritual” de la Constitución de 1853, y presidente de la Corte desde 1877, Benjamín Gorostiaga. Considerado por muchos como un eximio jurista, sin embargo era un hombre de la política: miembro del Partido Autonomista, candidato a presidente por su partido Unión Católica, y promotor luego de la Unión Cívica Algunos años después, con Roca como presidente sería nombrado Antonio Bermejo, que se convertiría en el funcionario que más tiempo ocupó un alto cargo en el Estado argentino (24 años, hasta su muerte en 1929). Su influencia en la Corte durante las tres primeras décadas del siglo XX será conocida como "la Era Bermejo", durante la cual casi no hubo votos en disidencia. Viviría para ver un gobierno democrático, el de Yrigoyen, pero moriría antes de su derrocamiento. Sin embargo, su influencia se dejaría sentir: la Corte que él presidió por 24 años fue parte necesaria del golpe, al convalidarlo por medio de una acordada , que daría origen a la Doctrina de los gobiernos de facto. Esta doctrina, tan nefasta para la sociedad como necesaria para los golpistas por venir, sobrevivió hasta el año 1994, en que la Reforma de la Constitución incluyó el artículo 36, cuyo fin es evitar que dicha doctrina volviera a invocarse en un eventual golpe de Estado, y estableciendo que "la Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos". Desde 1983 a esta parte la Corte ha sido descalificada por cada gobierno, acusándola de responder al gobernante de turno. Sin embargo, y pese a las descalificaciones, la Argentina vive desde ese momento en democracia, la alternancia es una posibilidad concreta, y el debate también. Nuestra democracia está pronta a cumplir 40 años, en los cuales se reformó nuestra Constitución, se pasó de 5 jueces a 9, se les realizó juicio político a varios de ellos, se la renovó en varias oportunidades, se implementó el cupo femenino y se promovió la transparencia en sus nombramientos. Pero sin embargo, la Corte sigue estando en tela de juicio. Y quizás sea porque nunca se logró imponer un orden en su funcionamiento que excediera los gobiernos de turno. O quizás sea la “antipatía” de una sociedad que fue testigo, por mas de un siglo, de una Corte que avaló los delitos mas graves contra el orden publico y contra sus ciudadanos. Por: Lic. (Mg) Milena Barada