EL DERECHO AL DERECHO

 

Cuando era pequeña, hace más de 40 años atrás, había una frase de rigor, que hablaba de los derechos……”los derechos de uno comienzan donde terminan los de los demás”. Con esta sencilla idea, se echaba luz sobre algo fundamental: nuestros derechos nunca deben garantizarse avasallando los de los otros. Los derechos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí. Ahora bien, estas normas también rigen la manera en que el individuo se relaciona con el Estado, y las obligaciones del Estado para con el individuo. Y creo que es aquí donde se nos plantean algunos de los interrogantes más complejos. Pues aunque vivimos lejos de un mundo ideal (en el que los individuos respetarían a rajatabla los derechos de los demás a su integridad, su vida y sus propiedades, por ejemplo) sabemos que hay una suerte de “modus vivendi” en el que todos acordamos ciertos límites a nuestros comportamientos. De hecho, existen códigos establecidos que regulan las diversas áreas del quehacer social, para evitar que esos derechos sean vulnerados o avasallados. Las acciones fuera de esos límites, son condenables y condenadas. ¿Por quién? Por el Estado. ¿Cómo? A través del Derecho. Y aquí cambia el sentido del término. El Derecho es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones establecidas entre los individuos y entre estos y el Estado. Las leyes, contenidas en ese cuerpo que es el Derecho, exigen a los gobiernos que hagan determinadas cosas y les impide hacer otras. El Derecho, preserva y protege nuestros derechos….

Es por ello que es tan interesante ver el rol del Estado en este sentido, y más aún lo es observar el rol del gobierno. No es lo mismo el Estado, como entidad permanente, en el que existen una serie de instituciones regidas por la ley; y el gobierno, que sería algo así como el “administrador temporal” de ese Estado. El Estado es de todos; el gobierno, si bien debe representar a ese “todos”, representa el triunfo de una fracción del país, que lo ha votado. Y esto no es un dato menor. El gobierno, para ser representativo debe ser legítimo, es decir, que actuará conforme al Derecho, pero la realidad es que bien puede ocurrir que un gobierno pueda ir perdiendo legitimidad. Este puede ser un proceso natural de desgaste, que ocurre en todas las sociedades, con mayor o menor profundidad. Las elecciones son, en ese sentido, un mecanismo tanto de validación como de desaprobación. Pero hay situaciones en que esa pérdida es no solo sistemática sino también constante, a raíz de la degradación, paulatina o no, de alguno (o todos) de los principios que la animan: validez, justicia y eficacia. Vemos en este punto que es intima la relación entre la legitimidad y los derechos. Por eso, no es extraño, asistir a situaciones donde un gobierno, en el marco de un Estado donde impera el Derecho, pierde, sin embargo, la legitimidad y comienza un camino de búsqueda incesante por reconstruirla o por refundarla .

Hemos sido testigos de circunstancias en las cuales crisis de éstas características han hecho tambalear al sistema democrático. Y más dolorosamente aún, hemos sido testigos de circunstancias en las que el sistema no ha podido superar la crisis y ha debido “barajar de nuevo”. A lo largo de nuestra historia nacional hemos visto suficiente de ambas. Sin embargo, no se ha podido idear un sistema que pueda evitar estos cuestionamientos: la revisión y el escrutinio permanente de una sociedad que demanda respuestas y que obliga a la validación constantemente (en nuestro caso, cada dos años). Quizás ahí radique su debilidad…. Pero quizás ahí radique también su fortaleza. Después de todos, el poder votar libremente, es un derecho…..

Por: Lic. (Mg) Milena Barada