LAS FUERZAS DESARMADAS

Desde que, en nuestro país , se retorno a la vida democrática, se han levantado voces sobre el rol que de allí en más, cabía a las Fuerzas Armadas. Con el peor de los escenarios posibles apenas atrás, la discusión era importante, pertinente y mas que oportuna. Pero sin dudas, los puntos de vista en pugna, así como las consecuencias que para el país arrojó la dictadura mas dura y violenta, no hicieron posible profundizar ese debate, y tras mas de tres décadas de vida democrática, el país se encuentra aún hoy en permanente disputa acerca de esa cuestión. Y no es porque en la Argentina falten debates (los hay y muchos), sino que el tema despierta posiciones que aún dividen a la sociedad. Y esas divisiones que aún persisten, son el reflejo de un imaginario colectivo que no termina de reconciliarse con su historia reciente. 

Desde 1983, período que inaugura la etapa democrática mas larga del país, los sucesivos gobiernos argentinos han pretendido replantear el rol de las FFAA. Tras lo que se conoció en el continente como la Tercera Ola Democratizadora, la Argentina, como el resto de los países que veían resurgir la democracia, tuvieron ante sí la dura determinación de decidir el futuro de una fuerza necesaria pero peligrosa. Lo primero que se buscó fue lograr la subordinación de las FFAA al gobierno civil, no sólo a través de decisiones políticas, sino con medidas económicas (los recortes presupuestarios y salariales no respondieron a una estrategia de racionalización del gasto o un cambio de doctrina y objetivos sino a un intento de recortar privilegios y autonomía funcional). Los cortes presupuestarios y los juicios se sucedieron sin pausa, a través de los distintos gobiernos y de sus diferentes enfoques, lo que ha persistido hasta hoy. Desde el gobierno de Raúl Alfonsín y su enfoque jurídico de la recurrente intervención de los militares en la política (el Juicio a las Juntas constituyó un hecho sin precedentes en América Latina, que contrastaba con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en otros países), hasta el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y su foco puesto en la necesidad de cerrar el círculo a través de una determinación inquebrantable de castigar las violaciones a los derechos humanos, hubo un sinfín de idas y vueltas: del castigo a la reconciliación. La necesidad de encontrar un rol a esa fuerza recorrió un derrotero plagado de desencuentros alimentados no sólo desde el sistema político: las propias FFAA y su accionar a menudo dejaron lugar a dudas acerca de su posición en relación al sistema político y su voluntad de subordinación.
Sin embargo, desde 1983 en adelante, otro hecho fue sobresaliente: la Argentina se encaminó a una posición internacional que privilegio la diplomacia y procuró eliminar toda hipótesis de conflicto. Tras la guerra de Malvinas y el resultado que significó para la Argentina ese ensayo bélico, el país requirió una revisión de sus estrategias de defensa, y subsidiariamente, de su plan de inserción internacional. Al abrigo de los organismos regionales, los países debían transparentar sus políticas de defensa, habida cuenta sus antecedentes, para disminuir las incertidumbres en los escenarios por venir. De a poco, fue ganando terreno la visión de que, no importa el gobierno ni su tinte político, la política de defensa de un país es parte de la política de Estado (no de gobierno) y que requiere permanencia en el tiempo y una orientación general a los intereses nacionales. Se nutre de los diversos instrumentos de la política pública. Pero mas importante aún, la defensa supone algo fundamental: asegurar la integridad territorial y la seguridad de la población, es un instrumento de salvaguarda de la soberanía y de respaldo a la credibilidad internacional de un país.
Y es en relación a esto último que nuestro país no puede eludir más el verdadero debate. Tras tres décadas de discusiones sobre qué rol les cabe a las FFAA, nuestro país enfrenta hoy un necesario replanteo: no se trata sólo de prevención y protección. También corresponde proyectar poder, y nuestro país hoy es incapaz de hacerlo. A unas FFAA totalmente desintegradas entre sí, se le suman unas carencias organizacionales y materiales que no se pueden soslayar: la desaparición del ARA San Juan es sólo una muestra. Asimismo, la propia misión de las FFAA requiere una revisión: sin conflictos inter estatales y con nuevos tipos de amenazas, que muchas veces provienen desde el interior del propio estado, la inteligencia, la anticipación informativa y las tácticas innovadoras son más eficaces para neutralizar el accionar de grupos disruptivos que contar con una tecnología de última generación.
Ahora bien, atendiendo a todo lo anterior, los nuevos anuncios gubernamentales han levantado voces a favor y en contra de un cambio de paradigma. Pero la definición de las funciones que deben cumplir los militares no puede depender del temor ciudadano ni de las urgencias presidenciales. La complejidad de las problemáticas actuales requiere una visión holística de las tareas a realizar por las FFAA, que necesariamente se tendrá que dar en cada ámbito de la política pública, sin soslayar el protagonismo de cada estamento de la sociedad.
Para finalizar, tenemos una fuerza con algo mas de 85.000 miembros. Y un país con un perímetro de 9.376 km de frontera y de 5.117 de costas; una superficie de mas de 3 millones de kilómetros y una población de unos 45 millones de habitantes. Una correcta interpretación de estos datos necesariamente debe tener en cuenta a unas FFAA activas, integradas, capacitadas y armadas tecnológicamente para enfrentar los desafíos que nuestra geografía y de nuestra realidad nacional. Después de todo: todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas del siglo XXI son hombres y mujeres de la democracia.

Por: Milena Barada