Un huaquero (o guaquero) es una persona que se dedica a la excavación clandestina e ilegal de yacimientos arqueológicos con el objetivo de saquear y robar piezas antiguas para venderlas en el mercado negro.
El término se utiliza principalmente en los países andinos de Sudamérica como Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina.
El origen del nombre viene del "Huaca", del quechua wak'a, que en la época prehispánica se refería a todo lo sagrado (templos, tumbas, santuarios).
El "Huaco" se llama popularmente a las piezas de cerámica o tesoros enterrados en esos sitios.
El impacto de esta actividad provoca la destrucción arqueológica al excavar sin métodos científicos y destruyen el contexto de estos hallazgos. Rompen vasijas, estropean momias y revuelven la tierra, impidiendo que los arqueólogos puedan estudiar el pasado.
Generan un tráfico ilegal ya que las piezas robadas (oro, textiles, cerámicas) se venden a intermediarios y terminan en colecciones privadas o subastas internacionales.
El coleccionismo privado no regulado también genera daños severos e irreparables en los sitios arqueológicos de nuestro país. La demanda de piezas exclusivas para colecciones particulares o el mercado negro es el motor económico que impulsa a huaqueros, saqueadores y aficionados a destruir los yacimientos, aunque sea de manera involuntaria. Este fenómeno impacta directamente al patrimonio nacional a través de tres problemáticas principales:
1 La destrucción del "contexto arqueológico"
La pérdida de información. Para la arqueología, un objeto fuera de su lugar pierde casi todo su valor científico. El método de excavación de un coleccionista o huaquero ignora la profundidad de la tierra, la posición de los restos y los materiales asociados, como carbón o sedimentos.
Daño colateral: Al remover la tierra buscando solo piezas valiosas (cerámicas enteras, metales, puntas de flecha), se destruyen fogones, restos de alimentos o estructuras habitacionales indispensables para reconstruir el pasado.
2 El uso de tecnologías destructivas.
Detectorismo: En provincias como Buenos Aires y Río Negro, el avance de coleccionistas aficionados equipados con detectores de metales ha provocado un grave daño a la arqueología histórica (campos de batalla, antiguos fortines y asentamientos del siglo XIX).
Al desenterrar por ejemplo, selectivamente botones militares, balas, espuelas o monedas, se desmantela la cronología histórica de los sitios.
Argentina es uno de los países de América Latina con altas tasas de reportes de tráfico de bienes culturales hacia el exterior. La búsqueda de lucro para abastecer a anticuarios o colecciones privadas fomenta excavaciones clandestinas continuas, principalmente en el Noroeste Argentino (NOA) y la Patagonia.
El marco legal en Argentina
A raíz de estos daños, la legislación argentina adoptó una postura sumamente estricta: la Ley Nacional 25.743. Sancionada en 2003, establece que todos los objetos arqueológicos y paleontológicos son de dominio público (pertenecen al Estado nacional o provincial), sin importar si se encuentran en terrenos públicos o privados. La compra, venta o exportación de estas piezas está estrictamente prohibida en todo el territorio argentino.
Los coleccionistas que poseían piezas antes de la ley debieron asentarlas en el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos (ReNYCOA) administrado por el INAPL. En la provincia de Buenos Aires el ancargado de este registro es el Crepap (Centro de Registro del patrimonio arqueológico y paleontológico). El coleccionismo privado actual de piezas no registradas se considera un delito penal.
El conflicto en nuestro país
El conflicto entre el detectorismo (la búsqueda de metales por aficionados como pasatiempo) y la arqueología es una tensión global que en Argentina se ha agudizado en los últimos años. Mientras los detectoristas lo ven como un hobby recreativo, los arqueólogos lo consideran una de las principales amenazas actuales para la preservación del patrimonio histórico.
Por qué protestan los arqueólogos?
Pérdida de la "estratigrafía": Un objeto enterrado a 10 cm cuenta una historia distinta que uno a 50 cm. El detectorista cava un pozo rápido para sacar la pieza, mezclando las capas de tierra y destruyendo la línea de tiempo del sitio.
Sesgo del metal: El detectorismo solo rescata objetos metálicos (balas, botones, hebillas). Al hacerlo, se ignora y destruye el material orgánico, cerámico o textil que los rodea, el cual permite entender el verdadero contexto social del lugar.
Falta de registro científico: Un hallazgo que no se georreferencia ni se documenta con técnicas científicas se convierte en un simple "fetiche" o adorno de repisa, perdiendo todo su valor para la historia colectiva.
¿Qué defienden los detectoristas?
Derecho al hobby: Argumentan que realizan una actividad al aire libre, recreativa y de exploración sana en espacios públicos (playas o campos).
"Salvamento" de piezas: Sostienen que, si ellos no desentierran esos metales, la acidez de la tierra, el arado agrícola o la erosión natural los destruirán para siempre.
Colaboración frustrada: Muchos afirman que les gustaría donar sus hallazgos a los museos, pero sienten que la comunidad científica los criminaliza en lugar de integrarlos.
El foco del conflicto en Argentina
A diferencia de países como el Reino Unido (donde existe el programa Treasure Act que premia económicamente a los detectoristas si reportan sus hallazgos), en Argentina la ley no deja zonas grises.
Sitios históricos en peligro: El mayor choque se da en campos de batalla (como la Vuelta de Obligado o Pavón) y en las líneas de antiguos fortines de la frontera del siglo XIX en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.
Ilegalidad penal: La Ley Nacional 25.743 prohíbe explícitamente la remoción de tierra y la extracción de objetos históricos sin un permiso de investigación científica emitido por la autoridad provincial. Extraer un botón militar de un fortín es un delito penal, aunque el campo sea privado.
El mercado del coleccionismo: Aunque muchos detectoristas limpian y guardan las piezas por amor a la historia, los arqueólogos denuncian que la actividad alimenta grupos de Facebook, canales de YouTube y ferias de antigüedades donde estos objetos se cotizan en dólares.
Los especímenes y objetos de valor patrimonial de nuestra región son administrados y estudiados en el Museo de Ciencias Naturales de Miramar, de origen municipal con apoyo de la Fundación Azara.
Por: Museólogo Daniel Boh - Museo Punta Hermengo
museomiramar@fundacionazara.org.ar
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